Llegó hasta la Suprema apelando, pero fue sancionada por daño medioambiental irreparable

La minera Pampa Camarones, que explota minerales oxidados de cobre y produce cátodos de cobre, fue sancionada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), sus reclamos legales fueron rechazados por el Tribunal Ambiental y luego se confirmó la sentencia en la Corte Suprema. 

La inspección se realizó en junio de 2015. La multa asciende a 3.575,9 Unidades Tributarias Anuales (UTA) –equivalentes a $1.989 millones de pesos-. La Superintendencia constató que la construcción del Sistema de Impulsión de Agua de Mar (SIAM) con que operaría la planta no correspondía a lo autorizado por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Esto, según un informe de Sernapesca, constituía un riesgo para la población de Chungungos del sector.

El chungungo está en peligro de extinción en Chile, de ahí la mayor gravedad del hecho.

La Resolución Exenta N° 714 aclara “que identificaron, describieron y acreditaron razonada y fundadamente el riesgo o daño inminente que se intentó precaver con la adopción de las medidas provisionales pre-procedimentales. Este riesgo se configuró por la construcción de un SIAM distinto del autorizado en la RCA, circunstancia que constituye una justificación razonable y suficiente para la adopción de las mismas”, detalla la sentencia y agrega “que, a la luz de los antecedentes tenidos a la vista, resulta claro que el SIAM fiscalizado no era el contemplado en la evaluación ambiental original del proyecto”.

Pampa Camarones arrastraba una deuda  de aproximadamente US$120 millones. Recientemente, para evitar la quiebra y perder los activos, Minera Activa adquirió cerca del 90% a US$18 millones. Esta empresa es una sociedad administradora de vehículos de inversión de capital privado para el sector minero, es del grupo LarrainVial y tiene un capital estimado de US$160 millones.

Los dueños de Pampa Camarones eran Pampa Mater S.A. (65,3%); Arrigoni Minería SpA (26,7%) y Samsung C&T Chile Copper SpA (8%). Sus acreedores son la Empresa Nacional de Minería (Enami) -arrendataria del yacimiento- , BBVA, Tanner y varios factoring bancarios y no bancarios.

El Tribunal estuvo integrado por su presidente, Rafael Asenjo, y los ministros Sebastián Valdés y Ximena Insunza, quien redactó la sentencia que se puede revisar aquí.

La mentira huele mal

Todo comienza en 2005 cuando el presidente ejecutivo de Codelco, Juan Villarzú, se encontraba buscando financiamiento para su proyecto Gaby. Como no tenía autorización de Hacienda para endeudarse, se inician las gestiones para levantar esos dineros.

Foto: Iss World

Y como no, no fue precisamente una modalidad ética. Primero Villarzú vio la posibilidad de generar un financiamiento por ventas adelantadas y apareció la empresa china Minmetals como interesada para cerrar el trato, mediante el cual la Corporación le vendía cátodos de cobre por poco más de US$1, con entrega en el futuro a Minmetals hasta 2021, a un precio que se consideraba un valor de mercado para el largo plazo.

Entonces, para llevar a cabo el plan, como una forma de compartir los riesgos Codelco creó la sociedad Copper Partners Investment Company Limited (Cupic), afincada en Las Bermudas, definidos como paraíso fiscal por la OCDE. En ese tiempo Nicolás Eyzaguirre era ministro de Hacienda y director de la cuprífera.

Para Codelco, el negocio ha generado pérdidas por US$7 mil millones por el valor bajo mercado de la venta y un fraude tributario que el Sistema de Impuestos Internos (SII) calcula entre US$342 millones hasta US$454 millones, solo en el período entre 2007 y 2010.

Foto: El Desconcierto

Luego se armó  una comisión especial de la Cámara de Diputados el 2014 . En ella el actual ministro Secretario General de la Presidencia de Chile explicó que no tenía “ninguna información de que hubiese alguna sociedad que estaba localizada en Bermudas. Ninguna”.

Sin embargo, en el acta del directorio de Codelco en el que se decidió la constitución de la sociedad fechado el 30 de enero de 2006, los documentos aclaran sin miramientos que Eyzaguirre fue activo en la sesión y participó en el trámite constitutivo. O sea, mintió o tiene serios problemas de memoria.

La comisión investigadora concluyó que dicho negocio significó “una evidente y sustancial inequidad en desmedro de Codelco” y pidió que se “renegocien los términos del mismo para restablecer los equilibrios originales, que se hicieron trizas un tanto después de firmado el acuerdo por el vuelco inmenso e inesperado que tuvo el mercado”. 

Eso no sucedió, el trato sigue vigente, la comisión no presentó soluciones como correspondía y el contrato se mantendrá hasta el 2021 continuando generando pérdidas en los dos canales mencionados; menos impuestos y menos utilidades por ventas.

Cencosud, SMU y Wallmart son como esos Kubiac aprovechadores

Hace años lo escribí. Lo creía en esa época universitaria y lo creo hoy: en Chile, la colusión es una práctica habitual en la que distintos actores acuerdan precios, oferta y demanda. He discutido con varios en acaloradas discusiones, comensales solo repetían con asentimiento. 

Pero ahora, vamos por un caso más.

“Las tres principales cadenas de supermercados del país fueron denunciadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de fijar precios en la venta de carne fresca de pollo” publica Bio Bio. Estas cadenas son Cencosud, SMU y Wallmart y representan el 92% del mercado.

La fiscalía busca penas de millones de dólares en el reclamo presentado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, recurso en el que además están involucrados los proveedores, en la práctica los gestores de los movimientos, los que hacen que unan fuerzas unos con otros. 

Mientras más salen casos, sucede que la impotencia de la ciudadanía aumenta. Pero se repiten, nombres, acciones, los mismos abusos, el mismo relato y se van a seguir repitiendo.

Algunos casos son de años y es que la justicia funciona como una tortuga persiguiendo a la liebre a la caza. La justicia en Chile funciona tan re lento que cuando se encuentra a los culpables las prácticas simplemente han cambiado de formato y se realizan actos con resultados similares aunque de distinta forma. 

Prosigamos, la FNE destaca además que “se trata de un producto de alta sensibilidad y recordación, con una considerable capacidad para generar tráfico en los locales” lo que coloca el caso en órdenes de prioridad o eso deberíamos pensar. Al menos, el pollo fresco ocupa el 10% de todas las ventas en el ítem alimentos.

O sea, estamos hablando que el 92% de los supermercados fueron denunciados por colusión en el 10% de la venta. Es tremendo.

“Al concluir una de las investigaciones más extensas y complejas que ha realizado la Fiscalía Nacional Económica, llegamos a la convicción de que los supermercados mantuvieron un acuerdo que afectó el precio de venta de la carne de pollo fresca. Esperamos que este requerimiento concluya no sólo con la aplicación de las sanciones que corresponda, sino que también provea pautas de conducta a todos los actores de esta industria”, señaló el Fiscal Nacional Económico (S), Mario Ybar según La Tercera.

Las cadenas que se denuncian son: en Cencosud: Jumbo y Santa Isabel;  en SMU: Unimarc, Mayorista 10, Maxi Ahorro, Alvi, Dipac y Comer y en Walmart: Hipermercado Líder, Líder Express, SuperBodega Acuenta y Ekono.


La denuncia es hacia actos de colusión cometidos entre 2008  y 2011 y es parte del proceso del famoso Caso Pollos que se gatilló con Ariztia y que a la larga se olvidó como uno más de muchos.

“OK subo todos los precios ahora mismo”, se lee en uno de los e-mails donde se discutía el asunto “Trutro entero Temuco”. Las comunicaciones se realizaban entre ejecutivos, principalmente los denominados Product Managers informa T13 en su sitio web.

La FNE pide que los supermercados reciban las sanciones máximas para este tipo de infracciones: 30.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, cerca de US$ 22,5 millones.


Acá puedes ver el requerimiento completo. A todo esto, los supermercados niegan toda la acusación.